Hoy, al 16 de noviembre de 2023, Pedro Sánchez Castejón logra ser investido presidente de gobierno con el lógico apoyo de su propio partido el PSOE, los partidos de la extrema izquierda y del separatismo catalán y vasco. Consiguió el apoyo de estos últimos gracias a un pacto con algunos elementos de dudosísima constitucionalidad, entre los cuales una amnistía para algunos políticos prófugos de la justicia española y la rotura definitiva con la división de poderes.
Dicho pacto va en contra de la voluntad del pueblo ya que una enorme mayoría se ha mostrado fundamentalmente en contra de la amnistía, entre la cual la mitad de los votantes del propio PSOE. Como era de esperar, a pesar del rechazo que provoca la amnistía entre sus propios votantes, ningún diputado del PSOE votó en contra de la investidura del líder de su partido político a la presidencia del gobierno.
Se certifica así un grave incumplimiento de la función esencial del Congreso de los Diputados, que es nada menos que la representación de los intereses de sus votantes, en vez de la voluntad de los líderes de los partidos políticos allí congregados, tal como obliga la propia Constitución en sus artículos 66 y 67 que regulan las obligaciones de representación de los diputados y su libertad de voto.
La pregunta es: ¿de dónde viene este extremo servilismo de los diputados hacia los líderes de sus partidos con el cual causan situaciones que no están en el interés de nadie salvo de algunos pocos con una infinita avaricia y ansiedad de poder? La respuesta puede residir en el sistema electoral español cuya característica principal son las listas cerradas. En un sistema electoral con listas cerradas, al votante se le ofrece un paquete blindado consistiendo de un líder y los demás candidatos. El votante acepta o rechaza el paquete entero sin poder influir en la composición de éste.
Es decir, las listas cerradas impiden que se establezcan vínculos entre los votantes y sus representantes parlamentarios y con esto hemos topado con el problema fundamental, al permitir que la actuación política se desarrolle al margen de la voluntad de los ciudadanos, siendo el pacto de investidura de Pedro Sánchez el ejemplo más triste de lo bajo que se pueda caer.
Es imperativo que se abran las listas electorales, pero la pregunta es cómo dar forma a las listas abiertas en el contexto español. El sistema británico y estadounidense, en que se elige un parlamentario por distrito, no parece la solución ideal para España, al reducir la pluralidad parlamentaria a básicamente dos opciones políticas, algo de que en España deseamos escapar.
Otro sistema es él que lleva funcionando en Países Bajos y Bélgica con mucha satisfacción ya desde el inicio de la democracia hace más de 100 años. Consiste en votar por un solo candidato mediante una lista donde aparecen todos los candidatos a diputado agrupados por partido político. A la hora de votar el votante marca el candidato de su preferencia, que cuenta como un voto por este candidato específico. En el recuento se computan los votos por cada partido político, ¡pero los candidatos entran por orden de número de votos conseguidos, que no tiene por qué ser el orden en que aparecían en la lista!
En la práctica la mayoría de los votantes marca la casilla del primero de la lista política de su preferencia. Sin embargo, en la historia parlamentaria de los Países Bajos y Bélgica ha pasado más de una vez que un candidato, que estaba en una posición sin opciones reales de ser elegido, recibía tantos votos a su favor, que al final entró en el Parlamento. En un caso incluso recibió más votos que el primero de la lista, después de que el entonces líder de este partido político dimitió a favor del que más votos había recibido.
Sin embargo, el sistema de Países Bajos tampoco es ideal por su circunscripción única, que no fomenta los vínculos directos entre votante y representante por falta de arraigamiento territorial.
Para tener una representación efectiva es fundamental que el candidato esté vinculado al territorio donde están sus votantes, lo cual obliga a organizar el país electoralmente en circunscripciones de tamaño reducido, pero suficientemente grandes para garantizar la pluralidad política. En el caso español la división de una circunscripción por provincia, ahora duramente criticada por dificultar el surgimiento de nuevas formaciones políticas, se transforma en una ventaja una vez las listas se abran. Las provincias españolas suelen consistir en una única ciudad dominante con núcleos urbanos más pequeños alrededor, lo que hace que sean territorios bastante homogéneos y bien identificables (solo Cádiz, Pontevedra y La Coruña son una excepción al consistir de más de una ciudad dominante). Esta propiedad facilita la identificación del candidato con su territorio, mientras las provincias son suficientemente grandes como para garantizar un mínimo de pluralidad política.
En un nuevo sistema electoral cada candidato tiene que competir, no solo entre los partidos políticos, sino también con los demás candidatos del mismo partido político, por el favor de los votantes. El sistema de asignación de escaños será primero por votos conseguidos por cada partido político, pero por partido político entran los candidatos por orden de votos conseguidos por cada candidato individualmente. De esta manera entren los candidatos que de verdad los votantes quieran mayoritariamente y, por la vinculación con su territorio de origen se establece la representación directa deseada: de hecho, los candidatos conocerán a muchos de sus votantes personalmente.
Evidentemente en el nuevo sistema el interés de los votantes, de quienes dependen en primer lugar para mantenerse en su cargo, será mucho más importante para los candidatos que la voluntad de su jefe, quien también sentiría la presión constante de sus votantes. Este cambio de prioridad hacia la voluntad de los votantes conlleva automáticamente a un asunto pendiente en España: la democratización de los partidos políticos, con influencia real de los afiliados, de cuyas filas tienen que salir los futuros políticos, porque difícilmente un candidato será aceptado por sus potenciales votantes si no salió de ellos previamente.
Un partido político con una estructura democrática estaría bien integrada en la sociedad y no medraría a espaldas y a costa de ella. Con el tiempo las relaciones entre los partidos políticos también serán mucho más fluidas y habrá más voluntad de llegar a acuerdos sobre temas difíciles, al primer más la lealtad a los votantes que al jefe de filas.
Por último, un partido político conectado con la sociedad atrae a otro tipo de político, mucho más vocacional, cuyo objetivo es representar a sus votantes y prestar un servicio a la sociedad, en vez de esta clase de mediocres que suele frecuentar la política para vivir bien a costa de la causa pública y que ahora tanto daño están haciendo a España. De hecho, no tendrían ninguna oportunidad, ya que aquel partido político que los aceptase, inevitablemente perdería votantes.
Junto con el sistema electoral para el Congreso de los Diputados y demás cámaras de elección directa habría que reformar el Senado, que por lo estipulado en la Constitución art. 90 ap. 2, ahora no es más una cámara residual de segunda lectura sin poder legislativo efectivo. Como la organización territorial de España está edificada sobre las comunidades autónomas como elementos principales, con muchas competencias transferidas a éstas que influyen directamente en la vida de los ciudadanos, es lógico que el Senado refleje dicha organización territorial a través de la designación de sus miembros exclusiva y directamente desde los órganos de las comunidades autónomas.
Para tal fin se designa a cada comunidad y ciudad autónoma un número de senadores según lo establecido en la Constitución art. 69, ap. 2 hasta 5 inclusive. Se modifica ap. 6 que dice que el Senado es elegido por cuatro años en el sentido que la composición del Senado refleje en cada momento la distribución política de cada parlamento autonómico. Esto significa que cada vez que haya elecciones autonómicas en alguna comunidad autónoma, se cambian los senadores que representen a ésta según los resultados obtenidos en aquellas elecciones.
Mientras en el Congreso prima el interés general, el enfoque territorial lo aporta el Senado según la Constitución art. 69 ap.1, que después de la reforma, tendrá el derecho de vetar (por mayoría absoluta), enmendar y corregir (por mayoría simple) cualquier iniciativa legislativa. Ninguna ley quedará aprobada mientras el Senado no la haya dado su visto bueno por mayoría simple (más votos a favor que en contra); conlleva la modificación correspondiente del ap. 2 de art. 90 de la Constitución.
Se decidió provisionalmente usar el sistema electoral de listas cerradas ya en 1977 (RDL 20/1977), incluso antes de la aprobación de la Constitución Española en 1978, supuestamente para facilitar la gobernabilidad de España en las difíciles circunstancias de entonces. Dejando la cuestión de la gobernabilidad aparte, el sistema electoral de listas cerradas más la designación de la provincia como circunscripción electoral, lo cual factualmente dividió España en 52 distritos, permitió a los partidos políticos dominantes desde entonces, PSOE, PP y antecesores, más los partidos nacionalistas periféricos, crear extensas redes clientelares y consolidarse en el poder. Estos partidos políticos jamás se posicionarán a favor de la apertura y desbloqueo de las listas electorales ya que conllevaría abandonar sus posiciones privilegiadas, lo cual se demostró en la consolidación del sistema de listas cerradas en la Ley Orgánica 15/1985 (del Régimen Electoral General).
Las protestas de los últimos días, que no tienen pinta de cesar, reflejan un malestar generalizado con el sistema político actual, en que la amnistía solo parece ser la gota que ha colmado el vaso, y que hay que sustituirlo por un sistema que permita una influencia real y directa de los ciudadanos en la gobernación de la nación que vaya más allá que el derecho de votar periódicamente. El desbloqueo y la apertura de las listas electorales, unido a la vinculación territorial entre votantes y representantes políticos, es esencial. Aquel partido político que lo entienda, aprecie e incorpore en su programa electoral de forma consecuente, sin duda alguna podrá contar con un beneplácito amplio entre los votantes.
